Sobre las Recomendaciones OCDE sobre Integridad Pública

La crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 puso en evidencia la debilidad -o insuficiencia- de los sistemas de control de los actos públicos en numerosos países en casi todos los continentes.

En el contexto de la actual crisis mundial Covid-19, hechos de aparente corrupción en contrataciones públicas en distintos países latinoamericanos, ejemplificados en las compras de material a proveedores desconocidos, de manera apresurada en un marco de emergencia sanitaria, justificando la ausencia de controles suficientes, así como también la inoculacion a personas no esenciales vinculadas a sectores cercanos a los gobiernos de turno, , han causado un grave daño a la credibilidad de algunas administraciones, así como también cuestionamientos en sede judicial, renuncias de funcionarios, etc.

Estos hechos, por su magnitud y posibles consecuencias, nos invitan a revisar nuevamente un brochure sobre Integridad Pública elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 2017 y a reflexionar acerca de sus recomendaciones.

Este documento aborda de plano el problema de la corrupción e involucra tanto a los sectores públicos como privados. Según la OCDE, la corrupción perpetúa la inequidad social y económica como así también la pobreza.

En un contexto como el actual, único en la Historia como lo es una pandemia de proporciones mundiales, sumada a los diversos problemas económicos que afrontan los gobiernos, la Integridad surge como un imperativo básico y esencial como contraste a la corrupción. En una fuerte afirmación, la OCDE señala que la Integridad es imprescindible para la construcción de instituciones fuertes, que muestren a los ciudadanos que se está trabajando en el mejor interés del público.

En su texto, la Organización reconoce tres Pilares para la Integridad, ellos son:

• Sistema: Resulta vital para reducir las oportunidades de incurrir en conductas corruptas.

El sistema debe evidenciar el Compromiso de los altos directivos en desarrollar los marcos legales e institucionales necesarios y que muestren altos estándares de decoro personal.

Debe además propenderse a la atribución de Responsabilidades. Los organismos del sector público deben coordinarse correctamente entre ellos, con responsabilidades claramente definidas. Debe quedar claro “quién hace qué”.

Es necesario también que dentro del sistema exista una Estrategia, utilizando datos e indicadores de evaluación y, en base a riesgos legítimos a la Integridad, desarrollar una estrategia delineando objetivos y prioridades.

Como parte esencial del Sistema, el texto habla de las Normas, refieriéndose a aquellas reglas y valores del sector público que se ven reflejados en leyes y políticas organizativas, las cuales deben ser comunicadas con eficacia.

• Cultura: Es necesario realizar el cambio cultural que implica transformar a la corrupción en un concepto socialmente inaceptable.

Para la creación de esta cultura, la OCDE recomienda:

Que la sociedad, incluyendo empresas, individuos y actores no gubernamentales, defiendan la integridad pública y no toleren la corrupción.

La Organización apela al Liderazgo de los directivos que deben guiar con integridad a los organismos del sector público y establecer dicha agenda y comunicarla adecuadamente.

Asimismo, la Organización pone en valor a la Meritocracia. Considera que el sector público debe procurar emplear individuos profesionales y calificados que muestren un compromiso profundo con los valores de Integridad en el Servicio Público. A su vez, estos individuos, deben contar con las habilidades y capacitación necesarias para aplicar las normas de integridad.

Por último, en cuanto a creación de cultura de Integridad, la OCDE propone que los planteamientos de Integridad sean discutidos abierta y libremente en el lugar de trabajo y que resulte seguro reportar sospechas sobre faltas a la integridad.

• Rendición de Cuentas: El concepto implica que las personas asuman la responsabilidad por sus acciones. Al respecto, la OCDE efectúa estas recomendaciones:

Que exista una debida Gestión de riesgos, lo cual implica un sistema eficaz de administración y control de riesgos de integridad en los organismos del sector público, que resulte adecuado.

Que se apliquen las sanciones resultantes. La corrupción y otras violaciones a la integridad deben ser detectadas, investigadas y sancionadas. La corrupción no debiera sera tolerada socialmente.

Deben, además, existir organismos de Supervisión. Distintas agencias de cumplimiento normativo y tribunales administrativos pueden llevar a cabo actividades de control externo.

Por último, se señala a la Participación. Un gobierno transparente y abierto debe garantizar la Participación de todas las partes interesadas en el desarrollo e implementación de las políticas públicas en un contexto de Integridad.

En su texto, la OCDE define a la Integridad Pública como la alineación constante y la adherencia a valores, principios y normas éticos compartidos para defender y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público.

Asimismo, en el informe, se sostiene que la Integridad es uno de los pilares fundamentales de las estructuras políticas, económicas y sociales y, por lo tanto, es esencial para el bienestar económico y social, así como para la prosperidad de los individuos y de las sociedades en su conjunto.

En la publicación, la corrupción es señalada como la principal preocupación de los ciudadanos, por encima de la globalización o la migración. Al respecto, la OCDE estimaba que entre el 10% y el 30% de la inversión en un proyecto de construcción, financiado con fondos públicos, puede malgastarse debido a la mala gestión y la corrupción.

Como mejorar el sistema de Integridad para combatir los hechos de corrupción?

La OCDE realiza a los Estados cuatro recomendaciones para lograr un cambio al respecto:

• Las acciones deben involucrar a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Si los poderes Ejecutivos de los Estados Miembros no consiguen o no tratan transformar las declaraciones de voluntad en actos administrativos y judiciales, así como en la aplicación de sanciones, no puede decirse que el sistema de Integridad esté completo y en funcionamiento.

• Las acciones deberían ir más allá del gobierno e involucrar a los ciudadanos y al sector privado. Además, deberían cruzar todas las fronteras jurisdiccionales. El sector privado suele ser uno de los motores del crecimiento de una economía, a la vez que cumple la finalidad de producir bienes y servicios para el consumo interno y externo. Al ser las empresas del sector privado, con frecuencia, contratistas del Estado, un proveedor puede transformarse en un sujeto de riesgo. Por este motivo no se puede excluir al sector privado en el proceso de definición del Programa de Integridad Pública. Asimismo, los Estados Miembros debieran colaborar, por ejemplo, favoreciendo la transmisión de información judicial que permita esclarecer un potencial acto de corrupción.

• La corrupción debe ser entendida en toda su complejidad. El tráfico de influencias, la malversación de bienes públicos, el uso de información confidencial y el abuso de poder son sólo algunos de los actos corruptos más perjudiciales para la sociedad. Es necesario comprender que en un contexto tecnológico como el presente, es posible distraer de la atención pública enormes sumas de dinero en cuestión de segundos, posibilitando de esta manera la perpetración de actos de corrupción cada vez más sofisticados. El problema debe ser abordado de manera multidisciplinaria, impulsado por los poderes del Estado con la convocatoria a los distintos sectores, para mantener actualizado el monitoreo de los posibles hechos de corrupción, con atención en la aparición de nuevas formas de la misma u otro tipo de actos reprochables.

• La transparencia no es suficiente. Poner información a disposición del público tampoco es suficiente. Si las iniciativas tendientes a dar transparencia a los actos públicos no son acompañadas por mecanismos de control adecuados, los mismos resultarán invariablemente ineficaces. Además, la información debe ser disponible de manera oportuna, permanente y en modo tal que su contenido resulte comprensible para el ciudadano. El acceso a tal información no debe verse obstaculizado por impedimento alguno.

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