Brasil: Whistleblowers, recompensas y seguridad jurídica

Durante los últimos diez años, los incentivos para la denuncia de los whistleblowers han ganado terreno en Brasil. Esto ha sido el resultado de determinados factores como el reconocimiento de la delação premiada -contemplada en la Ley Nº 12.850, del año 2013- y el comienzo de la Operación Lavajato (Operation Car Wash) en 2014, la investigación de corrupción de mayor magnitud en la historia de Brasil.

Además, el marco normativo establecido con la aprobación de la Ley Nº 13.608, del 10/01/2018 (que contempla una línea de denuncias y una recompensa por toda información útil y confiable aportada en una investigación) y las modificaciones a la misma ley contenidas en la Ley Nº 13.964, del 24/12/2019 (una ley innovadora para combatir los delitos de “cuello blanco”, que introduce la figura del informante y mejora el derecho y el procedimiento penal) configuran el trípode en el cual se apoya el incentivo real para los whistleblowers, a saber: 

i) la utilización de canales de denuncia apropiados

ii) la preservación de la identidad y la protección integral -necesarios para no sufrir represalias- 

iii) la posibilidad de fijar una recompensa -incentivo económico establecido por ley- en favor del whistleblower

La recompensa establecida por ley está condicionada a la recuperación de fondos públicos que han sido desviados a partir de conductas delictivas. Este es uno de los avances más significativos experimentado por Brasil en el combate contra la corrupción y otros delitos relacionados. 

La normativa puede ser considerada como un avance sin precedentes en la región. Sin embargo, en la práctica, aún no se puede decir que se hayan visto verdaderos cambios en la lucha contra la corrupción en Brasil. 

En principio, la sociedad brasileña, en general, no tiene conocimiento acerca de cualquier recompensa recibida por un whistleblower. Además, los ciudadanos tienden a delegar en el Estado los mecanismos disponibles para enfrentar y/o prevenir posibles hechos de corrupción. Otro motivo es la desconfianza en los procedimientos instaurados con el fin de evitar posibles represalias. Además de eso, la ley no garantiza el pago de la recompensa ya que la falta de recursos públicos -en la actual coyuntura económica- hace imprevisible la materialización de dicho pago.

En 2020, la National Strategy to Combat Corruption and Money Laundering (ENCCLA) -Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero- también ha recomendado la implementación de canales de denuncia eficaces «con el objetivo de fomentar una cultura de confianza basada en la eficiencia e integridad de las instituciones públicas«.

A diferencia del delator (la parte acusada en un acuerdo de delação premiada), el whistleblower no es considerado como partícipe de un acto ilegal, sino que normalmente es alguien que ocupa un puesto dentro de la organización, el cual brinda información sobre actos ilícitos cometidos por otros. Si bien una condena reducida o breve es el incentivo para que un delator informe sobre otros delincuentes, el incentivo del whistleblower es recibir una recompensa monetaria. Mientras que el delator probablemente no recibirá el castigo que se merece, el whistleblower debe obtener lo que se merece por incurrir en los riesgos asociados con proporcionar información que puede ser útil para una investigación.

Algunos proyectos que tratan sobre acuerdos con el whistleblower están pendientes de ser tratados en el Congreso brasileño. Estos proyectos de ley se basaron en un documento preparado por “Transparencia Internacional” (TI) que prevé la implementación de un canal de denuncias en el sector privado («Medidas de incentivo para el whistleblower«).

Sin embargo, ni la recompensa determinada por la legislación vigente ni las previstas en los proyectos de ley constituyen un incentivo suficiente para la denuncia del whistleblower. La ley establece una «recompensa a favor del whistleblower de hasta el 5 por ciento del monto recuperado por el presunto delito cometido», mientras que uno de los proyectos legislativos contemplaría el 10 por ciento. En comparación, las recompensas en los EE.UU. bajo la Dodd-Frank Act oscilan entre el 10 y el 30 por ciento de las sanciones monetarias totales, recolectadas a través de una acción encubierta de la SEC.

El secreto es necesario para proteger al whistleblower acerca de posibles daños y represalias. Y la recompensa debería ser proporcional al riesgo financiero en que se ha incurrido. Por consiguiente, para que un procedimiento de denuncia por parte de un whistleblower sea un instrumento eficaz para luchar contra el fraude y la corrupción, el mismo debería proporcionarle al denunciante los incentivos económicos y la seguridad jurídica adecuados, respecto del uso de los canales de denuncia y el cumplimento formal de los acuerdos establecidos para tal fin.G5 Integritas cuenta con profesionales altamente capacitados que pueden asistirlos en el diseño de los mejores Planes de Integridad, y a la medida de sus necesidades; así como también a definir la modalidad de gestión más apropiada para sus canales de denuncia. Si se encuentran interesados en optimizar el entorno ético y de integridad de su organización, los invitamos a contactarnos a: contactBA@g5integritas.com. O visitando nuestro sitio web: www.g5integritas.com