En diciembre de 2016, Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza -tras haber admitido el pago de 3.500 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en varios países-.

Dicho acuerdo incluía la realización de un monitoreo independiente de cumplimiento externo sobre sus operaciones (con alcance global) por parte del Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos, el cual comenzó a implementarse en febrero de 2017.

El monitoreo finalizó en noviembre de 2020. Previamente, la empresa llevó a cabo su reestructuración financiera, ya que en 2019 se había presentado en bancarrota en Brasil y Estados Unidos.

Como parte del acuerdo alcanzado, la empresa implementó medidas correctivas. Desvinculó a varias personas, suspendió a otras -por hasta un año y medio-, aplicó sanciones financieras y redujo la jerarquía de varios empleados. Además, se comprometió a mejorar el cumplimiento de las políticas anticorrupción y la capacitación al personal en materia de ética empresarial.

El acuerdo alcanzado le exigía a Odebrecht la realización de un monitoreo diario, garantizando que el monitor tuviera pleno acceso y autoridad para evaluar las actividades comerciales de la firma y el compromiso de los responsables a cargo de las decisiones y actividades relacionadas con las políticas de compliance.

El monitoreo pautado tenía una duración de tres años. La certificación otorgada por el monitor del DoJ le ha permitido a Odebrecht obtener un claro reconocimiento como “nueva empresa”, lo cual no es algo momentáneo, sino que debe ser sustentable en el tiempo. También le permite marcar un antes y un después respecto de su reputación. 

En noviembre de 2020, Odebrecht señaló que el monitor team había entrevistado a “más de 900 [funcionarios y empleados de la empresa], incluidos miembros del consejo de administración, líderes de negocios y gerentes de proyectos».

Según el informe del monitor se encuestaron a “más de 1.300 [empleados] para evaluar la percepción y eficacia del programa de integridad y el compromiso de la empresa de mantener un programa lo suficientemente robusto”. El equipo también revisó «aproximadamente 30.000 documentos relacionados con el programa operativo y el programa de integridad de la compañía y testeó más de 5.000 transacciones».

El trabajo y los informes del monitor han sido un recurso importante para las empresas brasileñas que se enfrentan a las complejidades del cumplimiento de la FCPA. Además, la Contraloría General de la Unión (CGU), un órgano del gobierno federal en Brasil, ha publicado lineamientos sobre anticorrupción para ayudar a las empresas a construir o mejorar sus programas de compliance. Las directrices de la CGU poseen varias similitudes con las best practices formuladas por la FCPA y la UK Bribery Act, por lo cual la supervisión sobre Odebrecht también sirvió para orientar los lineamientos de la CGU.

A finales de 2016 y tras el acuerdo alcanzado, Odebrecht perdió contratos millonarios de proyectos de construcción con los gobiernos de Perú, Colombia y Panamá. Esas pérdidas, entre otras, llevaron al DoJ de los Estados Unidos a reducir la porción estadounidense de la multa penal de Odebrecht de 260 millones de dólares a 93 millones de dólares, a raíz de una disminución de la capacidad financiera del holding para afrontar el pago de esas penalidades.

Después de haber sufrido un daño económico como así también reputacional, no sorprende que Odebrecht haya anunciado recientemente un cambio de nombre. La “nueva” empresa se llama «Novonor». Ello refleja un cambio en la estrategia y un esfuerzo de Odebrecht para reconvertirse y superar el escándalo derivado de la investigación conocida como LavaJato.

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