Un esfuerzo enorme de investigación sobre los FinCEN Files ha convertido esos registros secretos en información valiosa que nos permite visualizar la falta de controles por parte de algunos bancos para prevenir maniobras de lavado de dinero, corrupción y evasión impositiva
Un primer análisis de esta importante revelación de documentos nos interpela acerca de cómo las motivaciones legítimas de los bancos, con el fin de atraer o retener clientes, pueden interferir en la obligación de los mismos a la hora de efectuar los controles correspondientes para evitar el flujo de dinero sucio.
Los bancos deben llevar adelante un proceso de due diligence “conozca a su cliente” (conocido como “KYC” –know your customer-, en inglés). El mismo está destinado a prevenir posibles maniobras de lavado, donde se procura identificar al futuro cliente confirmando su identidad y actividad desarrollada, así como el origen del dinero a transferir.
Los FinCEN Files incluyen más de 2.100 reportes de actividades sospechosas, o SARs en inglés, presentados por casi 90 entidades financieras a la U.S. Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network.
La revisión de la información procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto al portal de noticias BuzzFeed News, nos deja entrever que los bancos procesaban las transacciones sin indagar de manera apropiada acerca del origen o el destino final del dinero, involucrando a menudo shell companies registradas en jurisdicciones secretas e implicando operaciones con posibles vínculos con lavado de dinero y corrupción.
Este proyecto investigativo exploró en más de 2 billones de dólares de transacciones, durante un periodo comprendido entre 1999 y 2017. Un 98% de los SARs revisados en los FinCEN Files han sido presentados durante el periodo 2011-2017.
Según BuzzFeed News, algunos de los registros han sido recopilados a partir de las investigaciones del Congreso norteamericano en torno a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016; y otros a partir de las solicitudes realizadas al FinCEN por parte de los organismos reguladores.
Como producto de la investigación se observa que los bancos procesaban regularmente transacciones para empresas registradas en paraísos fiscales y lo hacían probablemente sin conocer al beneficiario final (UBO) de la cuenta. Algunos bancos o sucursales en determinado países -como Suiza- se ampararon en leyes locales de secreto bancario -que rigen en sus jurisdicciones- para negar esa información.
En más de 620 informes, los bancos identificaron, al menos una vez, el uso de jurisdicciones de «alto riesgo”. A menudo, los titulares de cuentas proporcionaban domicilios en el Reino Unido, U.S., Chipre, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos el 20% de los informes contenían a un cliente con un domicilio en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), uno de los principales paraísos financieros a nivel global.
Otro dato relevante es que las 982 solicitudes presentadas por Deutsche Bank representaron el 62% del total de transacciones sospechosas identificadas a través de la filtración. Los FinCEN Files también contienen un gran número de archivos provenientes de Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JP Morgan Chase, Barclays y HSBC.
La investigación permitió advertir una demora promedio de 166 días -casi medio año- a partir de que las transacciones sospechosas tuvieron lugar y el momento en que se informaron efectivamente al FinCEN. Las regulaciones vigentes en U.S. requieren que las instituciones financieras reporten un SAR -en la mayoría de los casos- dentro de los 30 días después de ser detectada una transacción sospechosa.
El análisis de los FinCEN Files ha revelado que la sospecha sobre presuntas operaciones de lavado de dinero ha sido la razón más común brindada para presentar un SAR. Otras razones fueron la sospecha de fraude, una categoría FinCEN denominada “financial instruments (monetary contracts)” -«instrumentos financieros (contratos monetarios)»- y la sospecha del uso de “ingeniería financiera”, que incluye un entramado de transacciones diseñadas para evitar red flags.
El escenario post pandemia resulta incierto, pero siguiendo el hilo de nuestro análisis, no sería aventurado imaginar que, a nivel global, los departamentos de Compliance dentro de los bancos deberán realizar mayores esfuerzos para volverse más robustos y que aprenderán de los errores cometidos respecto de la implementación de controles.
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