Recientemente el Banco Mundial publicó un informe titulado Mejorando la Eficacia Gubernamental y la Transparencia. La Lucha contra la Corrupción (World Bank (2020) “Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption”, World Bank, Washington, DC.), que contiene información muy interesante para tener en cuanta no sólo para quienes trabajan en el sector publico sino también para todos aquellos que nos desempeñamos en las áreas de Compliance.

El estudio contiene el análisis de casos de más de 20[1] países poniendo el foco en los esfuerzos realizados en cada caso por combatir la corrupción. Se trata de un estudio de casos sobre la base niveles:

Un primer foco puesto en las cuestiones, desafíos y tendencias en relación con las funciones que llevan adelante los gobiernos, centrándose en: compra de bienes y servicios; provisión de bienes públicos (por ej. infraestructura); empresas de propiedad estatal (EPEs); recaudación de impuestos y prevención de contrabando (aduana); y provisión de servicios tales como puertos, salud, etc.

Un segundo foco sobre las distintas herramientas que han sido utilizadas por los gobiernos para la prevención y detección de la corrupción, entre ellas: las políticas de gobierno abierto; el uso de tecnología; las declaraciones de bienes e intereses; la transparencia sobre el beneficiario final; y el intercambio de información tributaria e identificación de delitos tributarios.

Finalmente, el estudio enfoca en el rol de las agencias anticorrupción, las instituciones de auditoría suprema y el sistema judicial como herramientas utilizadas para supervisar, implementar o contribuir en los esfuerzos anticorrupción y nos muestra las lecciones aprendidas en relación con efectividad.

El informe destaca que aún en un contexto de incremento de casos de corrupción a nivel mundial, el progreso en la mitigación de la corrupción es posible. Las soluciones tecnológicas y las medidas de compliance son sin duda agentes para contribuir a la lucha contra la corrupción, pero raramente son suficientes en sí mismas. El progreso no es lineal y las reformas hechas pueden sufrir retrocesos, y es más importante entender el cómo de una reforma que el qué.

No habiendo un único factor que lleve al éxito, se entiende que las reformas que generen impacto combinan diferentes intervenciones. En este sentido, las reformas de gobierno abierto conducen a mayores niveles de confianza y capital social; las medidas sectoriales pueden ser muy efectivas complementando el trabajo de las medidas más generales para aumentar la transparencia, integridad y buen gobierno; y la colaboración entre agencias y el compartir información, incluso a nivel internacional, son cada vez más importantes para combatir la corrupción. El estudio plantea que es fundamental ir más allá del diseño de iure de las instituciones anticorrupción para adentrarse en su impacto de facto, para evitar que sean solo maquillaje.

Como conclusión el estudio destaca que si bien no existe una receta única y el combate de la corrupción necesariamente debe combinar múltiples estrategias, a distintos niveles, efectuar una medición del impacto de la corrupción puede ser muy útil para el sostenimiento de las reformas anticorrupción, algo que puede plantear en sí grandes desafíos.

A partir del análisis de casos efectuado, el estudio identifica seis elementos que contribuyen de manera fundamental en la lucha anticorrupción:

  • Liderazgo político que aporte visión de las reformas necesarias para una mayor integridad y compromiso para sostenerlas;
  • Instituciones fuertes que puedan ejercer los controles necesarios y así aseguren la implementación de las reformas;
  • Transparencia: políticas de gobierno abierto y acceso a la información particularmente cuando se encuentran con comunidades comprometidas y empoderadas;
  • Incentivos, focalizando en la corrupción a nivel micro y su manifestación en sectores o funciones específicas;
  • Tecnología que permita standarizar procesos, minimizar la interacción humana y recolectar grandes cantidades de información, lo que a su vez permite ejercer control sobre las diversas transacciones;
  • Colaboración entre los múltiples stakeholders, incluso en forma internacional

El estudio concluye señalando que lograr crecimiento económico y prosperidad compartida de largo plazo depende del trabajo conjunto de los gobiernos, el sector privado y las comunidades para responder a la corrupción y su impacto corrosivo. El éxito para realizar las reformas y sostenerlas no se basa únicamente en la legislación, la tecnología o la participación ciudadana, sino que requiere el compromiso de todas las partes actuando colaborativamente, con innovación y confianza mutua.

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[1] El reporte presenta ejemplos de los siguiente países: Afganistán; Angola; Bangladés; Brasil; Bután; Chile; Colombia; Eslovaquia; Etiopía; Georgia; Honduras; India; Kenia; Lituania; Madagascar; Malasia; Nigeria; Reino Unido; Ruanda; Rumania; Ghana; Somalia; Tailandia y Ucrania

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