En la lucha contra la corrupción, así como también en las acciones de control y prevención de fraude, la figura del denunciante anónimo es esencial, ya que generalmente, las acciones de detección e investigación, dan inicio a partir de una denuncia.

En la jerga de Investigaciones Corporativas y Compliance, al denunciante se lo conoce como “Whistleblower”.

¿Qué es un whistleblower? Esta es una palabra del idioma inglés, y se la utiliza para designar (generalmente en actividades deportivas) a quien hace sonar el silbato ante una situación anómala o fuera del reglamento.

El whistleblower es el denunciante anónimo de irregularidades o incumplimientos, que pueden darse tanto en el ámbito público como en el privado, respecto de fraudes, conflictos de interés, falsificación de datos contables, actos de corrupción, etc.

Claramente, el hecho de hacer una revelación de este tipo podría tener el efecto de que las personas a las que hace referencia la denuncia emprendan acciones de represalia contra el denunciante. Si no están dadas las garantías de confidencialidad y anonimato, quien conoce un hecho irregular o delictivo, no contaría con suficientes garantías para poder dar a conocer los hechos de los que estuviera en conocimiento.

Como resulta evidente, para que el denunciante actúe, es necesario que estén dadas las garantías de confidencialidad de la denuncia, lo que implica que se proteja el anonimato del whistleblower así como también su seguridad e integridad.

La ley nacional 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Marzo 2018), al referirse a los Acuerdos de Colaboración Eficaces, legisla por primera vez en nuestro país, respecto de Programas de Integridad y sus contenidos obligatorios y aquellos posibles para la existencia de un Acuerdo de Colaboración.

Entre estos últimos, esa ley menciona a los canales de denuncia de irregularidades, los que deben ser abiertos a terceros ajenos a la organización y adecuadamente difundidos.

Otro de los elementos facultativos que establece esta ley, es la política de protección de denunciantes contra represalias.

Como mencionamos más arriba, según la ley argentina, estos elementos no son componentes obligatorios de un programa de integridad. Pero es fácil prever que sí son elementos cuya presencia es deseable en tales programas.

Desde el punto de vista de la investigación corporativa, el whistleblower debiera ser protegido respecto de:

  1. La confidencialidad de su denuncia:  

El hecho de no proteger la confidencialidad de la denuncia, puede tener diversas consecuencias indeseables, no sólo respecto del resultado de la investigación sino, además, (y tan importante) desde el punto de vista de la seguridad e integridad del denunciante.

La toma de estado público de una denuncia, posiblemente causará que las personas implicadas traten – y eventualmente logren – destruir evidencia necesaria para corroborar la existencia o entidad de los hechos denunciados.

2. La confidencialidad sobre su identidad (anonimato):

Por otra parte, en caso de conocerse la denuncia, y ésta, por sus características pudiera dar lugar a la identificación del denunciante, se pondría en peligro la seguridad, integridad o derechos del denunciante.

Es por ello que la investigación debe tomar todos los recaudos posibles para proteger la identidad del o los denunciantes, ya sea en relación al modo y frecuencia de los contactos con los mismos, así como también respecto de la forma en que se toman las entrevistas pertinentes a la denuncia misma.

A continuación, les acercamos algunas buenas prácticas a ser tenidas en cuenta cuando se conducen investigaciones que involucran whistleblowers:

  • Realizar encuentros personales en ubicaciones que resulten ajenas a la denuncia recibida.
  • Evitar contactar al denunciante de manera telefónica sin aviso previo. Esto permitirá que el denunciante determine cual es el mejor momento y lugar para el contacto, así como también la manera del mismo.
  • Evitar consignar en las notas que se tomen de los distintos encuentros o entrevistas, datos que permitan la identificación del denunciante, o que sean reconducibles a él, como por ejemplo iniciales o direcciones.  
  • Evitar efectuar contactos con el denunciante por correo electrónico a direcciones corporativas o de la organización, si el whistleblower fuera un dependiente de las mismas.
  • Evitar la producción de evidencia que pueda solamente ser obtenida por el denunciante, o si su obtención dejara huellas o indicadores respecto de la identidad del mismo. Esta recomendación es útil para el caso de los documentos electrónicos que circulan por un servidor empresarial / organizacional, así como también respecto de documentos para cuya obtención deba ser usada un usuario y/o una clave identificatoria.

Además, también en el sector privado hay casos muy conocidos como el de Sherron Watkins, entonces vicepresidenta de ENRON. Watkins envió una carta anónima al fundador y CEO de la compañía advirtiéndolo de graves irregularidades contables. Unos meses más tarde, Enron se declaró en bancarrota.

Traemos estos ejemplos como evidencia de la importancia que puede adquirir una denuncia anónima.

Estos han sido casos paradigmáticos en la investigación de fraudes y hechos de corrupción. Sin la acción de un whistleblower no hubiera sido posible descubrirlos y es éste el motivo por el cual, las precauciones respecto de la protección de la identidad del denunciante deben ser extremadas.

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