Cada vez más países cuentan con leyes que penalizan a las empresas (además de individuos) en casos de corrupción. A raíz de diversas motivaciones, en América Latina se dictaron leyes de este tipo en Chile (2009), Colombia (2013), Brasil (2014), Perú (2016) y recientemente en México. Y la Argentina parece transitar ese camino.
En nuestro país, el anteproyecto de ley establece la responsabilidad penal de las empresas por actos de corrupción, y prevé que puedan ser sancionadas con multas de hasta el 20% de sus ingresos, entre otras penalidades.
Ese “castigo” podría evitarse si la empresa implementó un programa de compliance “efectivo” que incluye medidas preventivas y correctivas para combatir la corrupción.
Como ya ocurre en otros países, la nueva ley premiará los esfuerzos de las empresas. Esos esfuerzos se traducen en un mapeo de los riesgos de compliance específicos para la compañía y su sector, y la elaboración de un Código de Conducta como herramienta fundamental, para luego continuar con el compromiso cabal del directorio y la alta gerencia.
El programa, por si solo, es insuficiente, ya que requiere una implementación exitosa, y eso incluye: controles internos, comunicación y capacitación y un monitoreo de su cumplimiento a través de evaluaciones periódicas.
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