Gils Carbó fue designada como Procuradora General de la Nación en 2012 por la entonces Presidente Cristina Fernández de Kirchner, y fue también una de las ideólogas de Justicia Legitima, una agrupación de jueces y fiscales que se proponía democratizar el poder judicial e impulsar una justicia independiente y transparente, pero que en la práctica resultó ser una agrupación “afín” al kirchnerismo.
Para algunos, su paso por el Ministerio Publico Fiscal permitió su robustecimiento institucional. Para otros, funcionó como garante de impunidad en los casos de corrupción más resonantes de la administración kirchnerista.
Lo que es seguro es que hasta hoy, militantes y refractarios, coincidían en señalarla como bastión del kirchnerismo enfrentando al poder del gobierno actual.
Nada más lejos de lo que en una república se pretende de un Procurador General de la Nación.
El Ministerio Publico Fiscal es el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Intereses generales, no sectoriales ni particulares.
Gils Carbó, voluntaria o involuntariamente, había quedado atada a un contexto ideológico de intereses particulares -con los que se puede estar de acuerdo o no- pero que claramente resultaban ser parciales. Y era esta misma naturaleza parcial la que amenazaba con poner en riesgo, precisamente, la imparcialidad que su función requería.
Una república requiere de sus jueces y fiscales, un compromiso sólido e inequívoco con la justicia y con la ética. Un compromiso que debe transmitirse en la transparencia e imparcialidad de sus actos. Y ello no porque sean valores que declamamos desde el “deber ser”, sino porque son los únicos pilares sobre los que es posible construir la confianza ciudadana en las instituciones que requiere el funcionamiento y sustentabilidad de una verdadera democracia.
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